Por Roberto Bahena

La aprobación del matrimonio igualitario en la entidad, lo cual se dio el pasado jueves 23 de septiembre en el Congreso del Estado, es un acto que debe verse como justicia social, después de años de discriminación.

Pedro Gabriel González Avilés, ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), manifestó que es un acto de justicia, dignidad y no discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, lo cual no es bajo ninguna situación un motivo de rechazo.

"Es un derecho humano, el que se niegue el matrimonio igualitario, obviamente es un acto de discriminación y así lo han determinado la Corte (Suprema Corte de Justicia) la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales, etcétera, entonces yo me permití presentar un escrito en junio de este año, al Congreso del Estado, dónde les hicimos ver, independientemente de que participamos en todas las actividades para socializar la iniciativa, que la Corte ya resolvió y es un derecho, definitivamente", expuso.

Asimismo, aseveró que el decreto del Poder Legislativo que convierte a Sonora en el estado número 24 a nivel nacional en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es una muestra de que hay avance en el respeto a la diversidad y lucha en contra de las conductas homofóbicas, que no aportan nada a una sociedad moderna y sí restan.

Recordó que que el artículo primero de la Constitución Mexicana protege los derechos de todas las personas y marca la igualdad entre todas las personas en el País, por lo cual es un derecho que se debe de respetar.

“Este es un derecho que se proporciona a las personas, no es una obligación, o sea no quiere decir que el que se apruebe el matrimonio igualitario va a ser una obligación para que todas las personas se casen con personas del mismo sexo, es un derecho que se le proporciona a la persona que quiera hacer uso de ese derecho”, concluyó.