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Plantea Gobierno Reformas Constitucionales al Congreso del Estado

Por Roberto Bahena El paquete de 13 reformas administrativas que envió el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado, contiene reformas que van desde el transporte público, creación de una oficialía mayor, tope salarial a funcionarios, hasta la reducción del periodo de fiscales de justicia y magistrados del Poder Judicial. Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, indicó que en el caso del transporte va a desaparecer el Comité Ciudadano, mientras que Femot y la Dirección General de Transporte se van a fusionar para concentrarlas en una sola encargada de la movilidad en la entidad y se llamará Instituto del Transporte. "El paquete que mandamos al Congreso hace pocos días y que ya inclusive avanzó y fueron aprobados algunos aspectos de las reformas que mandamos, es una reforma muy amplia, muy ambiciosa, abarca por ejemplo, reformas importantes a la Ley Orgánica del Ejecutivo, hay la creación de una nueva secretaría que realmente viene a remplazar lo que era antes la Secretaría Técnica, no hay una ampliación de estructura, es una oficialía mayor que va a dar orden a los procesos administrativos del Gobierno del Estado”, expuso. Asimismo, habrá tope salarial para funcionarios estatales y paraestatales, así como organismos autónomos, a partir de la reforma que se hizo a nivel nacional para que nadie pueda ganar más de lo que percibe el Presidente de la República. También se fortalecerá a la Contraloría del Estado para que tenga el poder de suspender licitaciones o procesos en curso cuando haya irregularidades en las obras públicas. “La verdad es que la idea y la intención de este paquete de reformas es el combate a la corrupción, es cumplir los compromisos que hicimos con la gente y es una reforma muy profunda, que la cambia el rostro a la administración pública y es con una visión de estado, no es una reforma que se está planteando para darle el sello de un gobierno, es una reforma que está pensada en que prevalezca el crecimiento y desarrollo de las instituciones”, detalló. En el caso del tiempo que dura en el cargo el fiscal general de justicia y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se plantea que no sean nueve años, sino seis la duración de la responsabilidad, esto para evitar que haya pago de favores trasexenales en esos puestos.

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