Por Roberto Bahena


Las reformas que se aprobaron en el Senado de la República a la Ley de Hidrocarburos violan la Constitución, afectan la libre competencia y a la inversión, además de que los cambios legales solo fortalecen a uno de los proveedores.


Kurt Gerhard López Portillo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, afirmó que es preocupante que el proceso legislativo que se llevó a cabo, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, no se corrigieron las disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad.


Manifestó que al validar posibles prácticas anticompetitivas en favor de uno sólo de los proveedores de combustibles, en este caso Pemex, los principales afectados serán los consumidores.


“Reiteramos nuestra preocupación porque con esta legislación se faculta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía a suspender los permisos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, de manera discrecional y con temporalidad indefinida, ante “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin que se hayan definido claramente los supuestos normativos que regirán estas decisiones”, apuntó.


Asimismo, afirmó que otro tema preocupante es el ajuste realizado al régimen de sanciones que permite revocar los permisos previamente expedidos a los titulares que incumplan con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.


Afirmó que estas modificaciones legales permitirán a las autoridades determinar que las instalaciones y permisos tengan necesariamente que ser operadas por Pemex, al ser revocados a los particulares.


“También se aprobó una reforma a la Ley del Artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en la que se elimina el concepto de “asimetría” y da nuevamente a Petróleos Mexicanos el control en la venta de combustibles, lo que también repercutirá no sólo en la competitividad, sino en el bolsillo de las familias mexicanas, al no tener opciones para comprar combustible más barato que el ofrecido por la empresa productiva del Estado”, concluyó.

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